Gobierno garantiza recursos para la justicia y mantiene beneficio a magistrados
El Gobierno nacional llegó a un acuerdo con la Corte Suprema de Justicia para garantizar recursos destinados al funcionamiento de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación durante el próximo…
El Gobierno nacional llegó a un acuerdo con la Corte Suprema de Justicia para garantizar recursos destinados al funcionamiento de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación durante el próximo año. Además, retirará del proyecto de ley de rescate la propuesta que buscaba eliminar la exención del 50 % del impuesto de renta sobre los gastos de representación de los magistrados, según confirmó el presidente del alto tribunal, Iván Mauricio Lenis.
El magistrado destacó el diálogo sostenido con el Ejecutivo y aseguró que el Gobierno ya anunció que eliminará ese apartado del proyecto que se tramita en el Congreso. De esta manera, los integrantes de las altas cortes conservarán el beneficio tributario vigente sobre dicho componente de sus ingresos.
Lenis también respondió a los cuestionamientos sobre la exención y sostuvo que los magistrados cumplen con obligaciones tributarias importantes. Según explicó, sus declaraciones de renta reflejan pagos significativos y existen factores relacionados con las responsabilidades y los riesgos de los cargos públicos que justifican los topes exentos dentro de la estructura salarial del Estado.
En cuanto a la financiación de la justicia, el compromiso gubernamental asciende a un billón de pesos para el presupuesto del próximo año. La distribución contempla 600.000 millones de pesos para la Rama Judicial y 400.000 millones para la Fiscalía, recursos que buscan garantizar la continuidad de sus actividades y responder a las necesidades de funcionamiento advertidas por las instituciones.
Para completar los 1,5 billones de pesos requeridos inicialmente, se contempla establecer un arancel judicial en procesos civiles y comerciales de alta cuantía. El cobro se aplicaría mediante un porcentaje sobre las pretensiones superiores a 500 millones de pesos, principalmente en litigios hipotecarios y ejecutivos del sector financiero. La propuesta excluiría los procesos penales y laborales.